Mi esposa suele decir que una de las cosas que más le molesta es la falta de comunicación. A veces en nuestra familia -donde tanto ella como yo somos comunicadores- padecemos de esta situación.
Pues resulta que digo esto para traer a colación lo que, precisamente, provocó una polémica enorme en torno a la realización del clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa, programado para el sábado 10 de setiembre.
La situación es la siguiente: en junio, antes de elaborarse el calendario del torneo, como se sabía que solo habría un clásico debido al formato del certamen, las dirigencias de ambos clubes se pusieron de acuerdo y decidieron jugar ese único partido en cancha neutral y por ende, gastos y ganancias serían compartidas.
Como no podía ser de otra forma eligieron el Estadio Nacional para que el negocio fuera redondo. Con aforo para 35 mil espectadores, manudos y morados se frotaban las manos al pensar en una taquilla de unos ₡250 millones.
Todo era redondo. Recuerden: esto fue en junio. La rifa para la localía del clásico la ganó la Liga; es decir, esto les daba a los rojinegros la posibilidad de llevar a sus socios al Nacional. Esa era su ventaja dentro del marco de neutralidad elegido.
Alajuelense ni Saprissa dijeron nada. La semana pasada ambas instituciones publicaron en sus redes sociales que habían acordado jugar el clásico en el Estadio Nacional. Ahí ardió Troya. Los seguidores erizos se sintieron traicionados. “El equipo de su gente” no les dijo nada y decidieron en conjunto con su archirrival perder la ventaja deportiva -que supone jugar en el Morera Soto- para llenar sus arcas -y las de su enemigo deportivo- de dinero.
De nuevo, y recalco los plazos para que vean el conflicto que se armó de forma innecesaria, en junio ocurrió el acuerdo, y no fue sino hasta tres semanas antes del partido que lo comunicaron a la afición.
Pero vean si el diablo es puerco y está en los detalles que -por lo visto- nadie se percató que el fin de semana que se jugaba el clásico, había programado un concierto en el Estadio Nacional.
Entonces, claro, dirigentes de la Liga y la “S” publicaron el acuerdo para presionar. ¿Por qué? Al no existir la posibilidad de jugar en el reducto de la Sabana, la única forma de hacerlo era variar el calendario; es decir, intercambiar las fechas 11 y 12, respetando localías. Para ello se ocupaba unanimidad de los 12 clubes.
Y, ¿saben qué?, Puntarenas se opuso argumentando que le perjudica esa decisión, ya que, si se hiciera el cambio, tendría que jugar tres jornadas consecutivas como visitante estando en juego la clasificación a la segunda fase. Por lo menos esa era la posición de los porteños al momento de escribir esta columna.
Algunos dicen que el Puerto está pensando como equipo chico, que le falta solidaridad, pero lo cierto es que los naranjas están en todo su derecho. El problema aquí es de morados y rojinegros; ellos lo provocaron y son ellos quienes deben resolverlo.
El asunto pudo encarrilarse desde el principio si los dirigentes interesados hubiesen, primero, comunicado a la luz pública su acuerdo; segundo, indagado si el Estadio Nacional estaba disponible. Al percatarse de su ocupación por el concierto, lo que procedía era solicitar a la Unafut que a la hora de elaborar el calendario acomodara el clásico en otra fecha para poder utilizar el coloso de la Sabana.
No hicieron nada de esto. Ahora, tendrán que jugar en el Morera Soto (actualmente, el segundo estadio con más aforo del país por la restricción que pesa sobre el Ricardo Saprissa) y compartir gastos y ganancias. Para ello, debieron recurrir al Consejo Director de la UNAFUT dado que los morados querían ir al Fello Meza, cancha alterna de los manudos, con lo cual el millonario negocio hubiese quedado en un tremendo desaguisado.
Falta de comunicación, cuánta razón tiene mi esposa…
Luis Álvarez Chavarría es un periodista deportivo con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación como el diario La República y Radio América. También ha laborado en la cobertura de otras temáticas para el diario La Nación, además de prestar servicios en oficinas de prensa de instituciones y empresas estatales.